
NYT confirma que funcionarios mexicanos colaboran con autoridades de EE.UU.
El diario The New York Times publicó un reportaje en el que asegura que al menos una docena de funcionarios y legisladores mexicanos colaboran de manera confidencial con autoridades de Estados Unidos como informantes en investigaciones relacionadas con corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, los acercamientos con la Administración para el Control de Drogas (DEA) se habrían intensificado durante la administración del presidente Donald Trump. Según el medio, varios de los funcionarios involucrados (en su mayoría presuntamente ligados a Morena), habrían proporcionado información sobre otros servidores públicos a cambio de protección, con el objetivo de anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
El periódico no revela la identidad de los supuestos informantes; sin embargo, señala que las autoridades estadounidenses mantienen investigaciones sobre figuras de alto perfil, entre ellas personas cercanas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El reportaje sostiene que este flujo de información surgió en un contexto de mayor presión judicial por parte de Estados Unidos, luego de que fiscales federales presentaran acusaciones contra funcionarios mexicanos y ampliaran el uso de herramientas legales para perseguir presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.
Asimismo, The New York Times afirma que, además de funcionarios en activo, familiares de integrantes del crimen organizado y narcotraficantes extraditados también colaboran con fiscales estadounidenses como parte de diversos procesos judiciales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la información publicada por el diario estadounidense y cuestionó que el reportaje se base en fuentes anónimas.
Al mismo tiempo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó cualquier señalamiento en su contra y exigió una rectificación pública, al considerar que las versiones difundidas carecen de sustento y buscan afectar su imagen pública.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos documentos judiciales que identifiquen a los presuntos informantes mencionados en el reportaje, por lo que las afirmaciones permanecen sustentadas en fuentes confidenciales citadas por el medio.



