Fiscalía de Veracruz va por el desafuero del alcalde de Ixhuatlán por la ejecución de la periodista Roxana Guzmán
La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio un paso decisivo en la investigación del homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez al solicitar formalmente ante el Congreso local el juicio de desafuero en contra del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. El edil, emanado del partido Movimiento Ciudadano, es señalado por la representación social como el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y posterior ejecución de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste.
La petición de retiro de inmunidad procesal fue entregada a la Legislatura estatal desde el pasado 6 de julio, con el objetivo de retirar el fuero constitucional al munícipe y posibilitar la emisión y ejecución de una orden de aprehensión en su contra dentro del proceso penal que se le instruye.
De acuerdo con los avances de las indagatorias ministeriales, el homicidio de la periodista —quien fue secuestrada el pasado 2 de junio en Nanchital y cuyo cadáver fue hallado sin vida el 3 de julio— se habría gestado semanas antes por orden directa del propio alcalde. La línea de investigación establece que González Martínez contactó a un operador del grupo delictivo conocido como “Grupo Sombra”, identificado con los alias de “Shelby” o “Tommy”, para instruir el ataque contra la comunicadora.
El móvil del crimen, según las pesquisas de la Fiscalía veracruzana, se originó porque Roxana Guzmán contaba en su poder con una fotografía donde el edil aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Tras la instrucción recibida, integrantes de la célula criminal irrumpieron violentamente en el domicilio de la víctima, hecho que quedó registrado en cámaras de videovigilancia y cuyas imágenes circularon posteriormente en redes sociales.
Hasta la fecha, las operaciones conjuntas entre la Fiscalía y fuerzas federales han derivado en la detención de ocho personas presuntamente vinculadas a la red delictiva que ejecutó el crimen: tres hombres y una mujer integrados al “Grupo Sombra”; cuatro elementos activos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, así como José del Carmen “N”, alias “El Delta 7”, capturado a finales de junio por efectivos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos.
En torno a la solicitud de desafuero presentada por la representación social, la madre de la víctima, Rubicelia Ramírez Posada, reconoció el avance en las pesquisas pero exigió a las autoridades parlamentarias y judiciales la aplicación irrestricta de la ley sin sesgos políticos.
“Que no se trate de un chivo expiatorio. Quiero que caiga todo el peso de la ley contra el implicado. Yo sé que con eso no me van a devolver a mi hija, pero aplicando todo el peso de la ley contra los responsables se le hará justicia”, puntualizó Ramírez Posada.
Asimismo, la madre de la periodista instó a la Fiscalía a no cerrar las líneas de investigación e indagar el actuar de mandos de seguridad de la zona, señalando concretamente a Karina “N”, coordinadora de la Policía Municipal de Nanchital, además de urgir la localización de José Luis “N”, oficial de esa misma corporación que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Se espera que en los próximos días las comisiones unidas del Congreso de Veracruz determinen la procedencia del dictamen de desafuero para someterlo a votación del pleno.
