Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor indígena de desplazados en Chenalhó, Chiapas
Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena tzotzil de derechos humanos, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas. El activista acompañaba a familias desplazadas por la violencia y contaba con medidas de protección federales desde junio de 2023, debido a los riesgos relacionados con su labor.
De acuerdo con las primeras indagatorias, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron a un taller mecánico y dispararon contra Pérez. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que el ataque ocurrió en ese establecimiento y anunció el despliegue de un grupo especial integrado por agentes del Ministerio Público, personal de investigación y peritos para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni un móvil determinado.
Pérez Pérez había sido víctima de desplazamiento forzado de la comunidad de Santa Martha, también en Chenalhó. En disputas entre Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, colaboró como asesor externo del ayuntamiento de Pantelhó.
Su asesinato generó preocupación debido a los antecedentes de amenazas y agresiones que había denunciado. En febrero de 2025, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comunicaron al Gobierno de México información sobre ataques contra Pérez y otro defensor indígena. La respuesta del Estado mexicano confirmó que ambos habían sido incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 13 de junio de 2023.
Amnistía Internacional México exigió a la Fiscalía General del Estado investigar el homicidio con debida diligencia y considerar la labor de defensa de derechos humanos de Pérez como una de las principales líneas de investigación. También pidió revisar la efectividad de las medidas de protección. Por su parte, organizaciones civiles que acompañan a personas desplazadas solicitaron esclarecer las circunstancias del crimen y evaluar cómo se implementaron las medidas que tenía asignadas.
