Acusa el PRI simulación en el Congreso; alertan que Morena solo busca cambiar el nombre a Agua de Puebla
A las puertas del cierre del periodo ordinario de sesiones y de cara al próximo proceso electoral, la diputada local Delfina Pozos Vergara, alertó sobre una presunta estrategia de simulación por parte de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, orientada únicamente a modificar la razón social de la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. (Agua de Puebla) para evadir el costo político del desabasto, sin retirar formalmente la concesión del servicio.
La legisladora priísta acusó que en el Congreso del Estado no existe una voluntad real para revertir el contrato que privatizó el agua potable, el drenaje y el saneamiento en la zona metropolitana. Según Pozos Vergara, el bloque oficialista pretende operar un cambio cosmético de imagen antes de los comicios para “vender” a la ciudadanía la narrativa de que la concesionaria privada se retiró de la entidad, cuando en los hechos mantendría el mismo esquema de operación.
“Lo que se requiere no es trabajar para unas elecciones, prometer en campaña o hacer señalamientos electorales. Lo que se necesita son soluciones de fondo y que la empresa se vaya realmente, no que se simule un cambio de nombre para decir que ya se fue”, sentenció la congresista
La crítica de la representación priísta escaló de forma directa hacia la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Laura Guadalupe Vargas Vargas, actual presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Pozos Vergara la señaló como la principal interesada en frenar modificaciones estructurales al título de concesión, argumentando que de manera sistemática ha votado en contra de las iniciativas presentadas por la oposición para auditar o condicionar las tarifas del organismo.
El señalamiento ocurre a escasos días de que se lleve a cabo la comparecencia de los directivos de Agua de Puebla y del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), programada para el próximo 7 de julio ante el Poder Legislativo.
Mientras el bloque de Morena y el PVEM justifica mantener el marco contractual actual bajo el argumento de los blindajes y las millonarias penalizaciones económicas que implicaría una rescisión anticipada para las finanzas públicas, la oposición califica las mesas de trabajo y los llamados a comparecer como un “teatro electoral” diseñado para contener las protestas ciudadanas por las recientes inundaciones y las altas tarifas, sin tocar el fondo del negocio privado.
