Cabildo de Acatlán aprueba solicitar al Congreso revocar mandato de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas
La crisis política en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio escaló este lunes luego de que la mayoría del Cabildo aprobara solicitar al Congreso del Estado la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero “Lupita” Bárcenas, emanada de Morena.
La propuesta fue avalada durante una sesión ordinaria con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención. Con ello, el acuerdo será enviado al Poder Legislativo, instancia que deberá analizar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento y determinar si procede o no una eventual destitución.
La iniciativa fue presentada por la regidora Julieta Jiménez, quien argumentó una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal, entre ellas falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, diferencias salariales entre integrantes del Cabildo y la presidenta municipal, así como presuntos actos de nepotismo y abuso de autoridad.
Durante la discusión también se registraron momentos de tensión cuando el director de Seguridad Pública Municipal ingresó al recinto, hecho que generó reclamos de algunos regidores que cuestionaron su presencia durante la sesión.
Tras la votación, la regidora de Grupos Vulnerables, Julieta Jiménez, responsabilizó públicamente a la alcaldesa Guadalupe Bárcenas y al secretario de Seguridad Pública Municipal de cualquier situación que pudiera afectar la integridad de los integrantes del Cabildo que respaldaron la solicitud de revocación de mandato.
La confrontación entre la presidenta municipal y la mayoría de los regidores se ha intensificado en los últimos meses. Las diferencias pasaron de desacuerdos administrativos a acusaciones públicas relacionadas con transparencia, manejo de recursos y presuntas prácticas de nepotismo. A ello se sumaron críticas ciudadanas durante la Feria de Acatlán 2026 y diversas expresiones de inconformidad en eventos públicos.
Por su parte, Guadalupe Bárcenas rechazó los señalamientos y sostuvo que la solicitud carece de sustento legal. La alcaldesa ha acusado a algunos integrantes del Cabildo de actuar por intereses particulares y ha mantenido sus actividades públicas de manera regular.
El siguiente paso corresponde al Congreso del Estado, que deberá revisar la documentación enviada por el Cabildo y determinar si existen elementos legales para iniciar un procedimiento relacionado con la solicitud presentada por los regidores.
