Canal Once recupera sus instalaciones tras más de dos meses de ocupación

Canal Once retomó de manera pacífica el control de sus instalaciones este domingo 2 de agosto, luego de permanecer más de dos meses bajo la ocupación de un grupo de estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes mantenían la protesta desde el pasado 21 de mayo.

En un comunicado, la televisora pública informó que el regreso a sus instalaciones será gradual, con el objetivo de restablecer por completo sus actividades informativas, culturales y educativas.

Como parte del proceso de recuperación, se realizará una evaluación técnica de la infraestructura y del acervo audiovisual de la emisora, después de que durante la ocupación surgieran preocupaciones por el estado de conservación de más de seis décadas de material histórico debido a la falta de mantenimiento.

A pesar de la toma de las instalaciones, Canal Once continuó sus transmisiones mediante un esquema de operación de emergencia y con el apoyo de otros medios públicos.

La televisora precisó que la recuperación del inmueble no pone fin al diálogo con la comunidad politécnica, por lo que las mesas de negociación permanecerán activas para atender las demandas planteadas por estudiantes y docentes.

El conflicto que derivó en la ocupación de Canal Once tuvo su origen en una serie de inconformidades dentro del IPN. Entre las principales exigencias del movimiento destacan la destitución del director general del instituto, Arturo Reyes Sandoval; investigaciones por presuntos actos de corrupción contra funcionarios; y la desaparición del patronato “Corazón Guinda y Blanco”, al que señalan por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Los manifestantes también denunciaron deficiencias en laboratorios, falta de mantenimiento en instalaciones, equipos obsoletos y solicitaron un incremento al presupuesto destinado al IPN, además de que los recursos autogenerados permanezcan en los planteles.

En materia de derechos estudiantiles, el pliego petitorio incluye la elección democrática de directivos, la eliminación de cuotas de inscripción y reinscripción, así como acciones más contundentes para atender denuncias de acoso sexual dentro de la institución.

Aunque la Secretaría de Educación Pública propuso instalar mesas de trabajo para revisar temas de infraestructura y presupuesto, el movimiento mantuvo la protesta durante semanas al considerar insuficientes las respuestas y exigir que la destitución del director general formara parte de las negociaciones.

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