Detienen a “El Tanque”, operador regional del CJNG, en Zapopan
Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por autoridades federales como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Cazarín Molina tenía operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que las investigaciones lo relacionan con homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Durante su captura fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo. Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército ocurrido en Jalisco en mayo de 2015.
Cazarín Molina había sido sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como integrante de alto rango del CJNG y parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Oseguera fue abatido por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, por lo que actualmente refieren a Cazarín como un operador cercano de la estructura que encabezaba el fallecido líder criminal.
El nombre de “El Tanque” también había aparecido en investigaciones periodísticas que establecen una presunta relación entre operadores vinculados con el CJNG y empresarios. Sin embargo, estos señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad penal.
Tras su captura, Iván Cazarín Molina quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica. En los casos relacionados con delincuencia organizada, el Ministerio Público puede contar con un plazo de hasta 96 horas para determinar si libera al detenido o lo pone a disposición de una autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 16 constitucional.
