Exdirector del FBI enfrenta nuevos cargos por presunta filtración de información de defensa nacional
El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, enfrenta dos nuevos cargos penales promovidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la presunta filtración de información relacionada con la defensa nacional para divulgarla. Los señalamientos se hicieron públicos el lunes 26 de octubre, luego de que un tribunal federal levantara el secreto judicial del expediente.
De acuerdo con la fiscalía, los hechos se remontan al 5 de octubre de 2016, cuando Comey todavía dirigía el FBI. La acusación sostiene que instruyó a una o más personas para que entregaran información sensible a un periodista de un medio de comunicación nacional. Los documentos judiciales relacionan los señalamientos con información publicada ese mismo día por The New York Times, aunque el expediente no identifica directamente al reportero ni a los presuntos colaboradores.
El documento conocido como criminal information fue presentado el 5 de octubre de 2026, antes de que se cumpliera el plazo de diez años del mecanismo de prescripción de los hechos investigados, para formalizar cargos sin recurrir inicialmente a un gran jurado. La defensa de Comey, Patrick Fitzgerald, cuestionó la aplicación del mecanismo y solicitó desestimar el procedimiento al considerar que no es una vía válida para evitar el vencimiento del plazo legal. Por su parte, James Comey rechaza las acusaciones y sostiene que es inocente.
Este es el tercer intento de procesamiento penal contra el exdirector del FBI durante la administración del presidente Donald Trump. El primero, por presuntamente mentir al Congreso y obstruir un procedimiento, fue desestimado debido a irregularidades en el nombramiento de la fiscal que presentó el caso. El segundo continúa en Carolina del Norte y está relacionado con una publicación de Instagram en la que Comey mostró conchas acomodadas con los números “86 47”, interpretados por la fiscalía como una amenaza contra Trump. La defensa sostiene que la publicación no constituía una amenaza y busca que ese proceso también sea desestimado.
