Dueña de Topolino inició su proceso legal por presunto secuestro
Un juez decretó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso legal contra Francesca Marilisa Solimán Minutti, propietaria de la cadena de heladerías y cafeterías Topolino, por su presunta responsabilidad intelectual en el secuestro agravado de su expareja sentimental, ocurrido en 2014.
La empresaria, quien también se desempeñó como regidora suplente, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en el municipio de Atlixco, con lo que concluyó un periodo de 12 años en el que permaneció prófuga de la justicia. Su captura se realizó cuando acudió a una diligencia judicial relacionada con un proceso por pensión alimenticia.
Tras su presentación ante la autoridad judicial, el juez determinó sujetarla a proceso bajo el sistema penal tradicional. Marilisa permanecerá recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Con esta detención, la Fiscalía de Puebla informó que quedaron capturados los seis presuntos integrantes de la célula delictiva relacionada con el caso.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue el empresario Javier Corona Argueta, originario de la comunidad de Chipilo. La investigación ministerial sostiene que, tras el fin de la relación sentimental, el plan inicial consistía en contratar a un grupo de personas para agredir físicamente al empresario; sin embargo, la agresión derivó en su privación ilegal de la libertad.
Los secuestradores exigieron inicialmente un rescate de cinco millones de pesos. No obstante, la víctima recuperó su libertad después de que, presuntamente, se acordó el pago de una cantidad menor, estimada en 75 mil pesos.
Las autoridades recordaron que los cuatro autores materiales del secuestro fueron detenidos en 2014 y actualmente cumplen sentencias de 50 años de prisión.
La detención de Marilisa también reavivó cuestionamientos en Puebla, luego de que durante más de una década continuara operando sus negocios y residiendo en la entidad pese a contar con una orden de aprehensión vigente.
