UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas; reportan posible inclusión de Guadalupe Taddei en la lista
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el procedimiento comprende a 25 personas físicas y 15 morales, además de que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles responsabilidades.
La medida generó cuestionamientos sobre la posible inclusión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores. Aunque diversos medios nacionales reportaron su inclusión, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, evitó aclarar si la exconsejera presidenta se encuentra entre las personas afectadas y explicó que la lista es confidencial, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Entre los indicadores de riesgo que la dependencia revisa se encuentran depósitos que permanecen poco tiempo en una cuenta y posteriormente se transfieren a terceros, así como movimientos hacia personas sin una actividad comercial aparente.
Las investigaciones se relacionan con contratos y operaciones financieras de empresas proveedoras de material electoral. Entre los nombres mencionados en reportes periodísticos aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con compañías que obtuvieron contratos de organismos electorales. No obstante, la UIF no ha hecho pública la identidad de todas las personas y empresas incorporadas a la lista ni ha detallado las operaciones específicas que motivaron cada bloqueo.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión histórica de las contrataciones del Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025. El organismo informó que detectó irregularidades por más de 8 mil 870 millones de pesos en el ejercicio del gasto público del INE y que realiza una auditoría integral para esclarecer los hallazgos.
La UIF precisó que las personas físicas y representantes de las empresas incorporadas conservan sus mecanismos legales de defensa y garantía de audiencia. Corresponderá a la FGR investigar la denuncia presentada por Hacienda y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.
